HUACHICOL
SIN FRONTERAS
Del ducto perforado a la factura falsa: el robo y el fraude de combustibles se convirtieron en una red transnacional de infraestructura, empresas, transporte, corrupción y dinero. Esta edición sigue esa ruta con datos, mapas y expedientes.
Las investigaciones, sanciones administrativas y vinculaciones a proceso citadas en esta edición no constituyen condena; todas las personas mencionadas conservan la presunción de inocencia.
AÑO I
El combustible que desaparece y el dinero que nadie ve
Por qué dedicamos veinticuatro páginas a seguir la ruta del combustible ilícito: del agujero en el ducto a la factura que cruza la aduana sin que nadie la detenga.
Durante años, la palabra huachicol evocó una sola imagen: una manguera, un bidón y un ducto perforado de madrugada. Esa imagen sigue siendo real —Pemex detectó 10,591 tomas clandestinas durante 2025, un promedio de veintinueve por día—, pero ya no alcanza para describir el fenómeno. Esta edición documenta la mutación: el huachicol contemporáneo ya no es solamente un agujero en un acero; es una economía híbrida que puede operar mediante aduanas, bancos, ferrocarriles, puertos, terminales, facturas, empresas y redes de corrupción.
La evidencia reunida apunta en una dirección incómoda: el negocio aprende. Cuando la vigilancia cierra una válvula, el delito abre una empresa. En 2025, la autoridad federal aseguró 129 carrotanques de ferrocarril con cerca de 15.48 millones de litros en Coahuila cuyo origen y traslado legal no pudieron acreditarse en ese momento. En julio de 2026, un solo predio en Reynosa concentró alrededor de 419,000 litros. Y los expedientes judiciales abiertos este año hablan de cientos de millones de litros que habrían entrado al país amparados en papeles que decían otra cosa: lubricante, aditivo, incluso solución de cloruro de calcio.
¿Por qué debería importarle esto a quien nunca ha visto una toma clandestina? Porque el fenómeno cobra en tres ventanillas. En la del Estado: los impuestos evadidos —una estimación privada citada en el Poder Legislativo calculó una posible pérdida de 177,170 millones de pesos solo en 2024— son hospitales, escuelas y carreteras que no se construyen. En la del mercado: la gasolinera que paga impuestos compite contra un litro que no los pagó. Y en la de la puerta de la casa: cada toma es un riesgo de incendio, fuga o explosión a metros de viviendas, escuelas y cultivos.
El lector encontrará aquí una radiografía en cuatro actos: la dimensión física del robo en México y su geografía (páginas 4 a 11); la mutación fiscal, financiera y judicial (12 a 16); el costo humano y ambiental (17 y 18); y el espejo internacional, de Nigeria al golfo Pérsico (19 a 23). Cerramos con conclusiones, indicadores a vigilar y el registro completo de fuentes (24).
Un compromiso atraviesa cada página: distinguir siempre entre el dato oficial, la estimación, la acusación y la sentencia. Ninguna investigación citada equivale a condena; todas las personas mencionadas conservan la presunción de inocencia. Donde haya error, lo corregiremos de frente, en la fe de erratas de la página 24. — La dirección editorial
- El robo físico no cede solo. Tras bajar de 11,774 tomas en 2024 a 10,591 en 2025, el ritmo volvió a crecer 4.87 % en el primer trimestre de 2026.
- La frontera del delito se movió del ducto a la aduana. Un pedimento alterado puede mover más litros que cualquier manguera.
- El dinero deja la huella más grande. La banca reportó a FinCEN operaciones por más de 7,000 millones de dólares en un año; son reportes, no condenas.
- Ningún país está solo. Nigeria, Brasil, Colombia, Libia, la Unión Europea y el sudeste asiático repiten el patrón con matices locales.
- El decomiso no es termómetro suficiente. Sin trazabilidad ni datos abiertos, más litros asegurados no demuestran menos delito.
Las cifras de esta edición provienen de instituciones, periodos y metodologías distintas: no deben sumarse entre sí. Una toma detectada no siempre es una instalación nueva; un reporte bancario no prueba un delito; un aseguramiento no es una recuperación fiscal. Cada cifra lleva su etiqueta y su fuente (guía en la página 3; registro completo en la 24). No existe una base pública mundial que concentre todos los delitos vinculados con combustibles. Corte informativo: 23 de julio de 2026.
«El huachicol contemporáneo ya no es solamente un agujero en un ducto: es una economía híbrida que opera con aduanas, bancos, trenes, puertos, facturas y corrupción.»
En este número
Cómo reunimos y clasificamos los datos
Esta edición se construyó sobre un dossier de trabajo con cuatro tipos de fuente: reportes oficiales (Pemex, Gabinete de Seguridad federal, SAT, FinCEN, OFAC, Fiscalía Europea, autoridades de diez países); documentación legislativa que cita estimaciones privadas; registros de organizaciones civiles, como el observatorio IGAVIM; e investigaciones periodísticas vinculadas con expedientes judiciales en curso.
Cada cifra se clasificó según su origen y su grado de certeza, y se publica con su etiqueta y su atribución. Aplicamos tres reglas en todo el número: no sumar cifras de periodos, países o metodologías distintas; no presentar estimaciones como auditorías; y no tratar aseguramientos, acusaciones o sanciones administrativas como condenas.
Dos advertencias de lectura: una toma «detectada» no siempre es una instalación nueva —hay conexiones que se reabren y se contabilizan más de una vez—, y un reporte de operación sospechosa describe dinero que un banco decidió reportar, no dinero criminal probado. Las cifras seguirán moviéndose después del cierre: esta edición es una fotografía con corte al 23 de julio de 2026, no un archivo definitivo.
Titulares, cifras destacadas y mapas. Las páginas 1, 6, 22 y 23 resumen la edición completa en cuatro golpes de vista.
Bajadas, recuadros «Qué está confirmado / Qué sigue bajo investigación», cronologías (9–11) y fichas internacionales (19–22).
Artículos íntegros, metodología, notas al pie de cada gráfica y registro consolidado de fuentes en la página 24.
Ya no es solamente ordeñar un ducto
El término nació en las cantinas, como nombre del alcohol adulterado; hoy nombra una economía criminal que va del bidón a la fracción arancelaria. Entender sus modalidades es el primer paso para medirla.
El huachicol tradicional es extracción física: perforar un ducto de Pemex o conectarse ilegalmente a él, instalar una válvula y llenar bidones, cisternas o autotanques. Exige cercanía con el trazo del ducto, bodegas para almacenar y una red local para revender. Su huella es visible —el agujero, el derrame, la pipa sin papeles— y por eso se combate con patrullajes, drones y sellado de conexiones.
El huachicol fiscal es otra cosa: no toca el acero. Mueve combustible real con una identidad documental falsa. La fórmula descrita por las autoridades de México y Estados Unidos consiste en importar gasolina o diésel declarándolos como lubricante, aditivo, aceite o solvente —categorías con menos impuestos y controles—, subvaluar la mercancía, subregistrar el volumen o ampararla con permisos ajenos y facturas simuladas. La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) lo describe como una evolución del robo tradicional: menos riesgo físico, mucho más volumen.
Entre esos dos polos hay un repertorio completo: robo de carga en tránsito, adulteración, desvío de subsidios o de producto asignado, refinación clandestina de crudo y contrabando físico por tierra o mar. El diagrama de esta página los ordena; los casos de las páginas siguientes los documentan.
El punto de encuentro de todas las modalidades es la mezcla: el litro robado o contrabandeado vale poco en un bidón, pero vale mercado completo cuando entra con factura a una cadena de distribución formal. Por eso los expedientes recientes hablan menos de mangueras y más de terminales, patios ferroviarios, comercializadoras y agentes aduanales.
Y por eso la respuesta pública también se desdobló: la toma clandestina se persigue con soldados y sellos; el huachicol fiscal, con pedimentos cruzados, controles volumétricos y unidades de inteligencia financiera. Dos delitos con el mismo nombre popular que exigen dos policías distintas.
Las siete modalidades del combustible ilícito
DIAGRAMA CONCEPTUAL · NO ES UN MANUAL OPERATIVOToma clandestina. Conexión ilegal a un ducto; una misma conexión puede reabrirse y contarse otra vez al ser detectada de nuevo.
Pedimento. Declaración aduanera con la que una mercancía entra o sale del país.
Fracción arancelaria. Código que clasifica una mercancía y determina sus impuestos; alterarlo cambia lo que el fisco cree que cruzó.
IEPS. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el principal gravamen de gasolinas y diésel en México.
Empresa fachada. Sociedad constituida para simular operaciones o encubrir a los operadores reales.
Factura simulada. Comprobante fiscal que documenta operaciones inexistentes.
ROS. Reporte de operación sospechosa que un banco presenta a la autoridad financiera; describe una alerta, no un delito probado.
Tanque frac. Contenedor industrial móvil de gran capacidad usado para almacenar líquidos en patios.
Carrotanque. Vagón cisterna de ferrocarril; los 129 del caso Coahuila promediaban unos 120,000 litros cada uno.
Controles volumétricos. Medidores que reportan al SAT cuánto combustible entra y sale de cada instalación autorizada.
Más de diez mil heridas en la red de ductos
2025 cerró con menos tomas clandestinas que 2024, pero el primer trimestre de 2026 volvió a crecer: una detección cada 51 minutos. Qué dice —y qué no dice— la métrica más citada del huachicol.
En el papel, 2025 terminó mejor que 2024: Pemex reportó 10,591 tomas clandestinas, contra 11,774 del año previo, una reducción cercana al 10 por ciento. El matiz es que «mejor» sigue siendo enorme: veintinueve detecciones diarias en promedio, un ataque a la red de ductos cada cincuenta minutos durante todo el año.
El primer trimestre de 2026 apagó cualquier lectura triunfal. Entre enero y marzo se identificaron 2,563 tomas en ductos de hidrocarburos y petrolíferos, un incremento interanual de 4.87 por ciento, equivalente —según el propio registro— a una toma cada 51 minutos y 27 segundos. La curva descendente de 2025 no era, todavía, una tendencia.
El gas LP corre por una contabilidad aparte y creció más rápido: 299 tomas en el trimestre, 6.79 por ciento más que un año antes, una cada siete horas y 19 minutos. La física del riesgo es distinta —el gas no se derrama: se fuga, se acumula y puede explotar— y su geografía también, como se documenta en la página 7.
Conviene leer estas cifras por lo que son: detecciones, no instalaciones únicas ni litros extraídos. Una conexión sellada puede reabrirse y contarse de nuevo; una toma descubierta hoy pudo operar meses; y el conteo no dice cuánto producto salió antes del hallazgo. La métrica mide, en parte, la intensidad de la vigilancia: más patrullaje también produce más detecciones.
Aun con esas reservas, la lectura honesta del tablero es doble: el robo físico sigue siendo masivo y está geográficamente concentrado —once estados acumulan 96 por ciento de las detecciones del trimestre—, mientras la frontera documental del delito, el llamado huachicol fiscal, crece por una puerta que los patrullajes no vigilan: la aduana (página 12).
Los conteos anuales de Pemex (11,774 en 2024; 10,591 en 2025), el registro del primer trimestre de 2026 y el balance federal de aseguramientos existen como datos publicados, cada uno con su propia metodología.
Cuántos litros salieron realmente por esas tomas, qué parte de las detecciones son reaperturas y qué proporción del mercado nacional proviene del robo físico frente al fraude documental. Ninguna fuente pública lo mide de forma integral.
La geografía de las tomas clandestinas
Once estados concentran 96 por ciento de las detecciones del primer trimestre de 2026; solo Hidalgo y Jalisco suman la mitad. El mapa sigue a los ductos, a los corredores industriales y a la frontera.
El robo físico no se reparte al azar: sigue al acero. Hidalgo (731 detecciones) es atravesado por los sistemas de ductos que abastecen al Valle de México desde la zona de Tula, y Jalisco (578) combina un corredor logístico denso con el consumo de la segunda zona metropolitana del país. Juntos suman 1,309 tomas: 51 por ciento del trimestre.
Un segundo anillo mezcla perfiles: el Bajío industrial (Guanajuato, 181; Querétaro, 156) y el centro densamente poblado (Estado de México, 189; Puebla, 103), donde ducto y mancha urbana conviven a metros. En el norte, Nuevo León (186), Baja California (113), Tamaulipas (85) y Chihuahua (80) dibujan otra lógica: la del mercado fronterizo y los cruces comerciales. Veracruz (60) completa la lista con su franja portuaria y petrolera.
Una advertencia se impone: el mapa describe dónde se detecta, no quién es culpable ni por qué exactamente ahí. La cercanía a un ducto crea oportunidad, no responsabilidad de una comunidad; y más vigilancia en un tramo también produce más detecciones. Las causalidades finas siguen siendo materia de investigación, no de cartografía.
- Centro-Tula: los ductos que alimentan al Valle de México cruzan Hidalgo.
- Occidente-Bajío: logística carretera y consumo metropolitano en Jalisco y Guanajuato.
- Franja fronteriza: diferencial de precios y cruces comerciales al norte.
- Litoral del Golfo: puertos, refinación y trazos históricos en Veracruz y Tamaulipas.
Los puntos calientes y el riesgo doméstico
Nueve municipios concentran una de cada tres detecciones del país. Y en Puebla y el Estado de México, el blanco ya no es solo la gasolina: es el gas con el que se cocina.
La lupa municipal revela cuán fino es el patrón. Cuautepec de Hinojosa concentra por sí solo 202 de las 731 tomas de Hidalgo: 28 por ciento del estado más golpeado del país. En Jalisco, cuatro municipios —Degollado, Tala, Tlajomulco y Tototlán— reúnen 395 detecciones, dos de cada tres del total estatal.
El caso más extremo de concentración es Tecate: sus 103 tomas equivalen a 91 por ciento de todo Baja California, un foco pegado a la frontera con Estados Unidos. García, en la periferia industrial de Monterrey, y San Juan del Río, sobre el corredor Querétaro–Bajío, confirman la misma lógica: donde el ducto cruza zonas logísticas o urbanizadas, el riesgo se multiplica.
Para las comunidades, esa concentración es una noticia doble. La mala: viven sobre el punto caliente. La menos mala: un fenómeno tan localizado es, en principio, más vigilable —si la detección se acompaña de sellado efectivo, remediación y presencia sostenida, no solo de conteos.
El gas LP es la variante que más se parece a una amenaza doméstica. No mancha el suelo: satura el aire. Una toma en un ducto de gas puede formar una nube inflamable que viaja hacia hondonadas, drenajes y viviendas; el desenlace no es un derrame, sino una deflagración. Más de la mitad de las detecciones del trimestre ocurrió en Puebla, y una cuarta parte en el Estado de México: los dos casos con mayor convivencia entre ducto y mancha urbana.
La operación también difiere: el gas exige recipientes presurizados y trasvases más técnicos, de modo que las redes que lo roban suelen estar más profesionalizadas que la ordeña artesanal de líquidos. Para los cuerpos de emergencia, cada punto del mapa poblano es un escenario de evacuación en potencia.
Señales de alerta: olor persistente a gas o gasolina en campo abierto, tierra removida o mangueras sobre el derecho de vía de un ducto, maquinaria o pipas operando de noche sin señalización, venta informal de combustible barato.
Qué hacer: alejarse contra el viento, no encender vehículos, interruptores ni teléfonos en la zona inmediata, avisar al 911 y no intentar cerrar válvulas ni manipular la conexión. La distancia es la única protección real ante una nube de gas.
Anatomía de una toma clandestina
Del acero presurizado al punto de venta ilegal: el recorrido conceptual del litro robado y la división del trabajo que lo hace posible. Este esquema es deliberadamente general: describe el fenómeno, no instruye sobre él.
Una toma clandestina no es un acto individual: es una cadena de oficios. Antes del agujero hay observación —los llamados halcones que vigilan patrullajes y horarios— y conocimiento del trazo del ducto. Después vienen quienes perforan, quienes trasvasan, quienes conducen, quienes almacenan y quienes revenden. Cada eslabón cobra su parte y cada uno puede ser sustituido, por eso desarticular una célula rara vez desmonta el negocio completo.
El eslabón más delicado es la reapertura. Sellar una conexión no elimina el conocimiento de que ahí, bajo medio metro de tierra, pasa un tubo con producto a presión. Los registros oficiales reconocen que una parte de las «tomas detectadas» corresponde a conexiones reabiertas o halladas más de una vez, y ese matiz importa: la cifra anual mide heridas contadas, no perforaciones nuevas en acero virgen.
La escala también cambió de vehículo. La ordeña artesanal llena bidones; la versión industrial llena patios. Los casos de 2025 y 2026 documentan tanques frac, decenas de autotanques y hasta carrotanques de ferrocarril (página 11). Ese salto exige lo que un bidón no exige: predios, contratos, facturas, choferes con ruta y alguien dispuesto a comprar volumen. Es decir, exige tocar la economía formal.
Ahí está la clave analítica de esta página: el punto seis del diagrama es la bisagra donde el delito físico se vuelve delito documental. Un litro robado que se vende en la cuneta deja rastro de tierra; un litro robado que entra con factura a una cadena de distribución deja rastro de papel. La segunda ruta es más rentable, más silenciosa y mucho más difícil de contar.
Los primeros golpes del año
Entre enero y mayo de 2026, tres aseguramientos —Michoacán, Veracruz y Jalisco— mostraron la escala intermedia del negocio: pipas, flotillas y decenas de miles de litros cuya procedencia nadie pudo acreditar.
Los tres casos comparten una frase que conviene leer con precisión: combustible «de procedencia no acreditada». No significa, todavía, robo demostrado. Significa que, al momento del operativo, nadie exhibió los documentos que la ley exige para transportar ese producto: comprobantes fiscales, permisos, complemento Carta Porte. La distinción no es cosmética: define qué puede afirmarse hoy y qué deberá probarse ante un juez.
Lo que sí revelan los aseguramientos es infraestructura. Nadie improvisa ocho contenedores y cuatro tractocamiones: los casos de enero a mayo describen bodegas, flotillas y rutas estables, el estrato medio de una industria que en junio mostraría su versión mayorista (página 10).
La relevancia de cada caso es distinta: Uruapan documenta el transporte hormiga; Veracruz, la dispersión en flotillas; Tototlán, el acopio en un municipio que ya era punto rojo del mapa. Tres fotografías del mismo negocio en tres escalas.
Un aseguramiento abre una investigación; no la cierra. El combustible puede resultar robado, contrabandeado, adulterado o, en algunos casos, legal con papeles deficientes. Por eso esta edición etiqueta como confirmados los hechos (el operativo, el volumen, los vehículos) y deja las responsabilidades al proceso penal. Las personas detenidas conservan la presunción de inocencia.
Tamaulipas, Coahuila y el corredor de los grandes volúmenes
En seis semanas, el noreste concentró los decomisos más grandes del año: patios con tanques industriales, decenas de autotanques y un solo predio en Reynosa con más de 400 mil litros.
El salto de junio no es solo de litros: es de vocabulario industrial. En mayo el inventario típico eran cisternas y contenedores; en julio son tanques frac, patios y flotillas de decenas de autotanques. Matamoros lo resume: no se aseguró un cargamento, se aseguró una terminal informal, con capacidad de recibir, almacenar y despachar.
La geografía también habla. Reynosa y Matamoros están a minutos de la frontera con Texas; General Cepeda y Ramos Arizpe (página 11), sobre el eje ferroviario y carretero de Saltillo. Que los mayores volúmenes del año aparezcan justo donde el mercado mexicano se conecta con el estadounidense es la transición natural hacia la pregunta de las páginas 12 y 13: ¿cuánto de este combustible cruzó, o iba a cruzar, una aduana con papeles?
Los operativos, las fechas, los volúmenes aproximados, los vehículos y equipos asegurados y el número de personas detenidas, según comunicados oficiales de junio y julio de 2026.
El origen exacto del combustible (robo, contrabando o importación irregular), los propietarios reales de predios y flotillas, y la eventual responsabilidad penal de las personas detenidas, que conservan la presunción de inocencia.
Cuando el huachicol viaja en tren
Un solo caso en Coahuila —129 carrotanques con cerca de 15.48 millones de litros— movió más combustible que docenas de tomas clandestinas juntas. 2025 obligó a repensar la escala del delito.
~42,000 L
~120,000 L
En 2025, en la zona de Ramos Arizpe y Saltillo, la autoridad federal aseguró un convoy de 129 carrotanques con cerca de 15.48 millones de litros cuyo origen y traslado legal no se acreditaron plenamente al momento de la acción. Para dimensionarlo: harían falta más de 360 pipas como la de Uruapan para mover esa carga por carretera. Ese mismo año, otro caso en Tamaulipas rondó los diez millones de litros de diésel y uno más en Baja California se acercó a ocho millones. Solo estos tres expedientes rozan, en conjunto, los 33 millones de litros.
El ferrocarril cambia la percepción del delito por tres razones. Volumen: un tren mueve en un viaje lo que una red de tomas artesanales tarda meses en extraer. Infraestructura: nadie estaciona 129 carrotanques en la clandestinidad; se necesitan espuelas, patios, terminales y contratos de arrastre. Papeles: la carga ferroviaria viaja documentada; si el producto era irregular, en algún punto hubo manifiestos, cartas porte o pedimentos que dijeron otra cosa.
Por eso los megacasos de 2025 son la bisagra de esta edición: están a medio camino entre la toma clandestina y el fraude aduanero. La pregunta que dejaron abierta —¿quién firmó los papeles que ampararon ese combustible?— es exactamente la que persiguen los expedientes de las páginas 12 a 15. El proceso judicial del caso Coahuila continúa; rige la presunción de inocencia.
El delito que puede cruzar la aduana con papeles aparentemente legales
Gasolina que en el pedimento se llama «lubricante». Diésel que paga arancel de solvente. El huachicol fiscal no perfora acero: perfora clasificaciones, precios y facturas.
La lógica del huachicol fiscal es tributaria antes que logística. Cada litro de gasolina que cruza legalmente la frontera arrastra IEPS, IVA y, según el caso, aranceles. Un pedimento que lo rebautiza como lubricante o solución química borra buena parte de esa carga fiscal en el papel. El camión es el mismo, el litro es el mismo; lo que cambia es la palabra, y la palabra vale miles de pesos por metro cúbico.
Las variantes documentadas por las autoridades forman un catálogo completo: clasificación arancelaria incorrecta; subvaluación; subregistro de volumen; permisos falsos o usados fuera de su alcance; facturas que simulan compras nacionales; empresas fachada que importan y desaparecen; intermediarios que fragmentan la ruta del dinero; y la mezcla final con producto legal, que hace casi indistinguible el litro evadido del litro en regla.
FinCEN, la unidad antilavado del Tesoro estadounidense, describió en mayo de 2025 esta modalidad como una evolución del robo tradicional: el margen ya no sale de perforar un tubo, sino de evadir la aduana. Y dejó un dato de escala: en los doce meses posteriores a su alerta, la banca le reportó operaciones sospechosas posiblemente vinculadas por más de 7,000 millones de dólares (página 14).
La aduana es el punto débil por una razón estructural: revisa papeles en segundos y líquidos casi nunca. Distinguir a simple vista un diésel de un «aceite pesado» exige laboratorio; mientras el muestreo sea excepcional, la fracción arancelaria será una declaración de fe. De ahí que los indicios más útiles no estén en el tanque, sino en los patrones: quién importa, cuánto, con qué historial y hacia qué instalaciones. Los expedientes en curso se detallan en la página 15; rige la presunción de inocencia.
- Fracciones de lubricantes o solventes con volúmenes propios de combustibles.
- Importadoras de reciente creación y sin historial energético.
- Precios declarados muy por debajo de referencias internacionales.
- Volúmenes que exceden la capacidad instalada del importador.
- Permisos ajenos, vencidos o usados fuera de su alcance.
- Domicilios fiscales compartidos por varias comercializadoras.
- Pagos circulares entre empresas relacionadas entre sí.
- Proveedores sin empleados, activos ni instalaciones verificables.
- Rutas ferroviarias o terminales sin contratos que las respalden.
- Lotes amparados con documentación de otros embarques.
Crudo hacia el norte, refinados hacia el sur
La frontera más transitada del mundo es también un tablero de arbitraje fiscal: combustible refinado que baja con papeles dudosos y crudo de presunto origen ilícito que sube hacia cadenas comerciales. Introducción a la ruta que merece una edición completa.
La ruta norteamericana tiene una física simple: el norte refina más barato de lo que el sur recauda. Cada litro que entra a México declarado como algo que no es se ahorra IEPS, IVA y aranceles; cada barril de crudo de origen no acreditado que logra insertarse en cadenas comerciales del norte se convierte en dinero limpio en apariencia. Dos corrientes opuestas, un mismo incentivo: el diferencial regulatorio y fiscal entre los dos lados del río Bravo.
Los vehículos de esa ruta son legales casi todos: cruces terrestres saturados de tractocamiones, ferrocarriles binacionales, puertos del Golfo, terminales privadas de almacenamiento y un ecosistema de empresas importadoras y comercializadoras. El fraude, cuando existe, viaja disfrazado dentro del comercio legítimo —esa es su ventaja y la dificultad de medirlo.
En julio de 2026, el Tesoro estadounidense impuso sanciones administrativas a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades que, según esa autoridad, participarían en una red de contrabando de combustible. Son sanciones administrativas, no condenas penales, y los señalamientos pertenecen a la autoridad que los formula. Pero confirman que la ruta ya está en el radar de ambos gobiernos —y que el siguiente capítulo de esta investigación tiene dirección: el norte.
México, Estados Unidos y Canadá: aduanas, empresas, terminales, ferrocarriles, sanciones y rutas del combustible. Esta página es solo la introducción; el expediente completo se publicará en el próximo número.
Cruces como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Juárez y Tecate concentran el comercio energético terrestre; el riel conecta refinerías texanas con patios del Bajío y Saltillo.
Altamira, Veracruz y los puertos texanos mueven producto a granel hacia terminales privadas de almacenamiento: el punto donde la carga cambia de dueño y, a veces, de nombre.
Permisos de importación, controles volumétricos y tasas distintas a cada lado crean el margen que una clasificación falsa explota. Armonizar datos entre aduanas es la tarea pendiente.
La red detrás de la pipa
Comercializadoras que nacen y mueren en meses, facturas que giran en círculo, prestanombres y terminales: el andamiaje societario que convierte litros irregulares en ingresos con apariencia legal.
La alerta de FinCEN de mayo de 2025; los reportes bancarios por más de 7,000 millones de dólares en los doce meses siguientes; y las sanciones administrativas de julio de 2026 contra dos personas y nueve entidades.
Qué parte del dinero reportado es efectivamente ilícita, qué empresas actuaron con dolo y quiénes son los beneficiarios finales. Ninguna empresa debe presentarse como culpable sin sentencia.
Una pipa se asegura en una carretera; una red societaria, casi nunca. Alrededor del combustible irregular puede operar —según las tipologías de las autoridades financieras— un elenco estable: comercializadoras que compran y revenden, transportistas que prestan flotilla, facturadoras que fabrican papel, terminales que dan techo, agentes aduanales que tramitan cruces, prestanombres que firman y entidades financieras por las que, inevitablemente, pasa el dinero.
Los patrones que delatan a esas estructuras se repiten: empresas de reciente creación que facturan volúmenes enormes; cambios constantes de representantes legales; domicilios compartidos por sociedades sin relación aparente; pagos que giran en círculo entre las mismas cuentas; y la mezcla deliberada de ingresos lícitos e ilícitos para volver ilegible la contabilidad. Ninguno de esos rasgos prueba un delito por sí solo —hay negocios legales jóvenes, austeros y mal organizados—, pero su acumulación es la firma estadística del lavado.
La dimensión del radar financiero la dio FinCEN: tras su alerta de mayo de 2025, los bancos presentaron en doce meses reportes de operaciones sospechosas posiblemente vinculadas con contrabando de combustible por más de 7,000 millones de dólares. La cifra exige lectura fina: es dinero reportado, no dinero criminal probado; un ROS es una sospecha documentada, no una acusación, y una parte de esas operaciones puede resultar legítima.
En julio de 2026 llegó el paso siguiente: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones administrativas a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades presuntamente ligados, según el Tesoro estadounidense, a una red de contrabando con conexiones criminales. El efecto es inmediato —bloqueo de activos y exclusión del sistema financiero de aquel país—, pero su naturaleza es administrativa: no equivale a una condena penal, y las personas y empresas señaladas conservan la presunción de inocencia. El expediente judicial mexicano corre por cuerda separada (página 15).
Entre el aseguramiento y la sentencia hay un largo camino
El 23 de julio de 2026 se reportó la vinculación a proceso de un exgobernador y otras siete personas. Qué significa exactamente ese paso —y todo lo que aún falta para hablar de culpables.
El caso más notorio del año tocó al escalón cuatro justo al cierre de esta edición: el 23 de julio de 2026 se reportó la vinculación a proceso del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y de otras siete personas, por presuntos delitos relacionados con contrabando, delincuencia organizada e hidrocarburos. La vinculación significa que un juez consideró que existen indicios que ameritan proceso; no establece responsabilidad. Todas las personas involucradas conservan la presunción de inocencia y su defensa podrá controvertir cada pieza del expediente.
Alrededor del caso circulan cifras que exigen etiqueta. Una investigación periodística relacionada con el expediente mencionó más de 800 millones de litros movidos a lo largo de quince meses y un posible daño fiscal de al menos 5,400 millones de pesos. Son estimaciones y señalamientos de esa investigación, no cantidades establecidas por sentencia. Otro expediente ha mencionado alrededor de 144 millones de litros presuntamente declarados como «solución de cloruro de calcio»; el volumen definitivo y las responsabilidades siguen sujetos al proceso.
El patrón procesal se repite en los megacasos físicos: el expediente de los 129 carrotanques de Coahuila (página 11) continúa su camino entre peritajes de origen del producto y deslinde de responsabilidades de transportistas, arrendadores y propietarios de la carga. La lección de la escalera es incómoda pero necesaria: los operativos son noticia en un día; las sentencias tardan años. Medir el éxito del combate al huachicol solo con detenciones equivale a contar peldaños a la mitad de la escalera.
Vinculación a proceso reportada el 23 de julio de 2026; ocho personas en total. Los presuntos delitos: contrabando, delincuencia organizada y materia de hidrocarburos, de acuerdo con lo reportado sobre el expediente.
+800 millones de litros en quince meses y daño fiscal de al menos 5,400 millones de pesos, según una investigación periodística vinculada con el caso; ~144 millones de litros declarados como cloruro de calcio, según otro expediente. Nada de esto está aún judicialmente establecido.
Sabemos: que existen los expedientes, las vinculaciones y los aseguramientos descritos, según reportes oficiales y de prensa verificada.
Debe probarse: la responsabilidad penal individual, los volúmenes exactos, el destino del dinero y la participación de cada empresa mencionada. La presunción de inocencia no es una cortesía: es la regla del juego.
La factura invisible
El costo del huachicol no aparece en ningún recibo: se reparte entre impuestos que no se cobran, ductos que hay que reparar, mercados deformados y suelos por limpiar. Lo que se sabe, lo que se estima y lo que nadie ha medido.
El costo del combustible ilícito es invisible por diseño: la evasión no deja recibo. Cuando un litro cruza la aduana disfrazado de lubricante, el IEPS y el IVA que debió pagar simplemente no existen en ninguna caja; cuando sale por una toma, Pemex pierde el producto, paga la reparación del ducto, absorbe suspensiones de bombeo y financia la limpieza del derrame. Nada de eso aparece junto: se reparte en presupuestos, tarifas y pérdidas operativas de años distintos.
Por eso las cifras disponibles miden cosas diferentes y no deben sumarse. La estimación de PetroIntelligence citada en el Legislativo —177,170 millones de pesos de posible pérdida fiscal en 2024— intenta capturar el boquete tributario. El rango de 25 a 33 por ciento reproducido por FinCEN describe la posible penetración del producto ilícito en el mercado. Y los 98 millones de litros asegurados del balance federal miden la reacción del Estado, no el tamaño del delito. Tres termómetros, tres fenómenos.
A la columna de daños hay que añadir los costos que ninguna estimación pública desglosa todavía: la competencia desleal contra gasolineras y comercializadoras cumplidas, que pierden margen frente al litro sin impuestos; el gasto creciente en seguridad privada y vigilancia de ductos e instalaciones; el encarecimiento de seguros y fletes en corredores calientes; y la remediación ambiental, cuyo pasivo se documenta en la página 18.
La conclusión metodológica importa tanto como las cifras: mientras México no publique series integradas —pérdida estimada, volumen asegurado, impuesto recuperado, gasto en reparación—, el debate seguirá comparando peras con agujeros. El primer indicador de seriedad fiscal contra el huachicol será estadístico, no policial.
Pérdida fiscal estimada (2024), penetración de mercado (rango sin fecha auditada), litros asegurados (2025) y daños señalados en expedientes (2025–2026) corresponden a periodos, metodologías y objetos distintos. Un «gran total» construido con ellas sería aritméticamente posible y periodísticamente falso.